Ventana Europea nº 120
12 VENTANA EUROPEA Marzo 2020 BARRIO AMÉRICA D esde la institucionalización del día internacional de la mujer en 1975, esta ha ido ganando repre- sentación en todos los ámbitos. Hablar de las mu- jeres migrantes y de su integración social y laboral en los países receptores es fundamental; sin embargo, nos olvidamos de las causas por las que estas mujeres han decidido salir de sus países. También debemos tener en cuenta a aquellas que no lo lograron y se quedaron en el camino. Las cifras de solicitantes de protección internacional en España revelan al alza los perfiles latinoamericanos: Venezuela, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, entre los cuales, un 45% son mujeres, lo que revela la necesidad de tener en cuenta el perfil femenino en el momento de hacer una valoración sobre refugio. Son mujeres que huyen. La organización social en algunos países contempla ciertos comportamientos sobre las mujeres, estable- ciendo tanto conductas represivas como violencias vin- culadas al maltrato, violencia dentro de las relaciones de pareja, violencia en el trabajo, entre otras hasta lle- gar al feminicidio. Entendiendo este como el asesinato a una mujer por el hecho de serlo y no como un homicidio. Conforme ha ido avanzando el tiempo y la concien- cia, se han ido registrando algunas iniciativas, en distin- tas regiones, sobre todo la latinoamericana, que regis- tra cifras de feminicidio altas, pero todavía falta mucho por hacer. Son ya numerosos los alcances en el ámbito inter- nacional que van a enmarcar iniciativas que aborden el problema de la violencia contra las mujeres y entre las conclusiones de los estudios, se identifican déficits per- sistentes en la falta de información, pero también en la rendición de cuentas que no permiten tener un acceso a la justicia para aquellas que enfrentan situaciones de violencia en su vida. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL más de tres mil quinientas mujeres fueron asesinadas en 2018. Los países con más feminicidios son Brasil, México, Hondu- ras, El Salvador y Guatemala. En datos de este mismo organismo, el feminicidio supera ya las 4 muertes por cada 100 mujeres. El panorama es desolador, dado que este alto número de feminicidios reflejan la profundidad que tienen algunos patrones culturales patriarcales, vio- lentos y discriminatorios. ¿Cómo registrar esta huida, cuando las mujeres sa- len de sus países para buscar algo tan fundamental y tan vulnerado como es el derecho a vivir libres de violencia? Lo primero, se debería de contar con una tipificación del feminicidio en los códigos penales de cada uno de los países iberoamericanos (en todos), pero en su lugar se recopilan las cifras sobre los asesinatos cometidos por la pareja o ex-pareja. La medición del feminicidio en la región iberoamericana es también fundamental pa- ra un diseño y una implementación de políticas públicas orientadas a proteger a las víctimas de esa violencia por el mero hecho de ser mujeres. Esta es una elección en la que se ve empujada a que- darse o marcharse. Dentro de los instrumentos internacio- nales que se han contemplado y que distinguen claramente esa violencia contra las mujeres, se encuentran contem- plados la violencia en las relaciones de pareja, mutilación genital, aborto selectivo de niñas, matrimonios forzados, violencias vinculadas con la dote maltrato a mujeres viu- das, delitos cometidos en nombre del “honor”, violencia contra mujeres fuera del ámbito de las relaciones de pare- ja, violencia en el trabajo, tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, feminicidio, acoso sexual… La respuesta hacia estas cuestiones está requiriendo esfuerzos en cuanto a políticas públicas de apoyo eco- nómico y apoyo social, así como de mecanismos de pro- tección y de procesos judiciales. Pero hay esfuerzos que deben coordinarse a nivel internacional, por el tráfico de personas que necesariamente conlleva los desplaza- mientos a través de las fronteras internacionales. La violencia contra las mujeres tiene muchas y dis- tintas aristas que en muchos casos no se resuelven de manera sencilla. Las leyes, la asistencia psicológica, la asistencia social son necesarias, pero no solo. Debemos mirar hacia una transformación cultural, así como de las condiciones en las que se establecen y se fundamentan las relaciones sociales. La demanda es la de una política integral que pres- te una ayuda y que propicie la realización de estudios que permitan poner el foco en los factores de riesgo, en los grupos más vulnerables, de políticas específicas y que son necesarias para enfrentar así distintas mani- festaciones. La generación de organismos por acuerdos guberna- mentales, y la creación de mecanismos que brinden una certeza jurídica a las víctimas de violencia de género debería de ser una prioridad. Cecilia Estrada Villaseñor OBIMID – Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones Universidad Pontificia Comillas. 8 de marzo: Mujer
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