Ventana Europea nº 120

8 VENTANA EUROPEA Marzo 2020 > REP O RTAJE de perfil es de los niños y niñas que literalmente hu- yen de situaciones de vio- lencia y conflictos arma- dos, de persecución y de situaciones de violación generalizada de los dere- chos humanos. El caso de las niñas es distinto, estas viven situaciones de ma- yor vulnerabilidad por el hecho de ser niñas. Suelen escapar de sus hogares por motivos relacionados con la desigualdad de género o la explotación sexual, mu- chas de ellas corren el ries- go de acabar en redes de trata de personas con fines de explotación. una vida mejor Todos estos perfiles se caracterizan porque tienen algo en común y es la bús- queda de una vida mejor y un futuro. Son niños y niñas que sueñan, que necesitan esperanza para sus vidas y tienen la certeza de que en Europa van a encontrarlo. Nuestra sociedad del bien- estar les seduce, ¿a quién no?, las imágenes de la Eu- ropa opulenta llega hasta el último rincón del mundo, también a ellos, atrayen- do a quienes no pueden ni siquiera tener acceso a las migajas. La globaliza- ción es lo que tiene, que la oferta también llega a los pobres a través de los me- dios de comunicación, de internet, de la televisión. Por eso, los chicos y chi- cas cuando llegan traen ya forjada una idea demasiado idílica de cómo se vive en España, que se nutre de lo que cadenas de televisión española a la que tienen acceso muestra sobre una sociedad del bienestar un poco alejada de la realidad cotidiana de cualquiera. el sistema de protección “Cuando me desma- yé en Málaga, una señora llamó a la policía. Lo que más me sorprendió fue lo diferente que es aquí la policía; me dieron un bo- cadillo y agua, me miraron con cariño. En mi país pri- mero te pegan y luego te preguntan”, dice Majid. En España, la administración pública asume la tutela y la protección de un niño o una niña cuando en su familia no se dan las condiciones adecuadas para garantizar su cuidado y protección. La llegada de niños y niñas que se encuentran solos y proceden de otros países, sin adultos a su cargo o de referencia, incrementa los factores de vulnerabilidad que se añaden al hecho de no tener familia o estar le- jos de ella. El aumento en la llega- da de niños migrantes solos a España a finales de la dé- cada de los noventa supu- so para nuestro estado una novedosa y compleja situa- ción, ya que frente a unos recursos disponibles limi- tados, la llegada de estos niños y niñas no ha cesado de crecer, incrementándose notoriamente desde el año 2017. Para adecuarse a esta nueva realidad, la adminis- tración pública tuvo que ir adaptando el sistema de acogida y protección de los MENA y así dar respuesta a las necesidades conforme iban surgiendo. El hecho de ser nuestro país un estado de derecho, que se ha adherido y fir- mado la Convención de los derechos de la infancia, se asume el principio funda- mental de este hecho y es que siempre se actuará te- niendo en cuenta el “bien superior del menor” y todos los demás derechos que por su minoría de edad le son inherentes según la ley. Es- tos niños y niñas, por el he- cho de serlo, han de ser aco- gidos y tratados en igualdad de condiciones que a los autóctonos, garantizando sus derechos y su interés superior, por encima de cualquier otra cosa. “Quie- ro destacar, sigue diciendo Majid, que cuando llega- mos aquí después del duro camino, la acogida, el buen trato, la escucha, el que es- tén ahí, los educadores, las hermanas… nos hace se- guir, te hace crecer, confiar y en muchos casos cambiar de planes, es decir, plan- tearte la estancia aquí des- de la realidad, con sueños, pero realizables. Cuando la acogida en un centro es así, te sientes bien, seguro y, so- bre todo, pierdes el miedo que todos traemos, aunque parezca que haber cruzado el estrecho nos hace duros”. A nivel burocrático y administrativo nos encon- tramos con que la situación de los niños y niñas mi- grantes solos afecta de en- trada a dos administracio- nes públicas: por un lado a la administración general del estado, a cuyo minis- terio compete una serie de gestiones por el hecho de proceder de otro país, y, por otro, a las administraciones autonómicas, que en Espa- ña son quienes asumen la tutela y deben garantizar la protección de los menores.