Ventana Europea | Nº 113 Marzode 2018

VENTANA EUROPEA 15 Marzo 2018 BARRIO EUROPA A los ciudadanos de la Unión y del Espacio Econó- mico Europeo a veces se nos olvida (o quizá no somos conscientes del todo) que vivimos en la parte del mundo en la que los derechos humanos go- zan de mayor protección y en la que su vulneración no sale siempre gratis. Realizo esta afirmación aun a sabiendas de lo polémica que puede parecer, por- que da la impresión justo de lo contrario: la impuni- dad de los vulneradores de derechos y el desamparo de aquellos que sienten cómo sus derechos son vio- lados. La polémica parece aún mayor cuando quie- nes se atreven a denunciar con sus palabras u obras la violación de estos derechos (véase Helena Maleno, la Organización proactiva Open Arms o tantos otros) son sistemáticamente criminalizados y perseguidos. En otras latitudes, sin embargo, la impunidad es tal que los defensores de derechos humanos son directa- mente asesinados, como Berta Cáceres en Honduras, Chico Mendes en Brasil o Miroslava Breach o Cándido Ríos en México. Y es que en el ámbito europeo tenemos dos gran- des instituciones que velan por nuestros derechos: De una parte el Tribunal de Justicia de la Unión Eu- ropea, con sede en Luxemburgo, que conoce de todo lo relativo al acervo comunitario, y de otra parte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasbur- go que transciende el ámbito de la Unión Europea y extiende su jurisdicción a 47 países Europeos (incluí- da Turquía). Lo importante de estas dos sedes judiciales es que sus resoluciones tienen efecto inmediato y son de obligado cumplimiento en el país que los vulnere. Y ello no siempre sienta bien a los gobiernos de los Estados miembros que a menudo alegan el principio de la soberanía nacional para tratar de eludir o de- morar su acatamiento, el cual, por otra parte, siem- pre se produce. No es de extrañar que la primera ministra británica Teresa May haya llegado a afirmar en más de una ocasión que era partidaria de que el Reino Unido se replanteara su pertenencia al Conse- jo de Europa (y por tanto su acatamiento de la juris- dicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) ante una sentencia desfavorable. Tampoco al gobier- no español le han agradado algunas resoluciones del Tribunal de Derechos Humanos en lo relativo a la li- bertad de expresión (recientemente se hizó pública una sentencia con ocasión de la quema de fotos del jegfe del Estado) o la aplicación de la llamada “doc- trina Parot” con efectos retroactivo para los presos de la banda terrorista ETA. Tampoco resultó plato de gusto para los bancos españoles una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara- ba como abusivas algunas cláusulas hipotecarias que los bancos imponían a sus clientes ((recordemos que en España desde el año 2008 hasta la actualidad se han producido más de medio millón de desahucios). Junto a las anteriores instancias jurisdiccionales y ya no tanto en el ámbito europeo sino en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se encuentra el Tribunal Internacional de La Haya, que conoce de crímenes de guerra y contra la Huma- nidad, y el Consejo de Derechos Humanos de las Na- ciones Unidas en Ginebra que no es propiamente un tribunal pero que sí es un foro de gran importancia donde periódicamente los estados dan cuenta acer- ca del cumplimiento de los Tratados internacionales de los Derechos Humanos. En estos espacios tienen participación entidades con estatuto consultivo co- mo Amnistía Internacional, Intermón oxfam, Cáritas o la Federacion de Derechos Humanos, entre otras. Las resoluciones que se dictan no gozan, sin embar- go, de la fuerza obligativa que los tribunales euro- peos a los que nos hemos referido anteriormente por lo que muchos estados las consideran incómodos “ti- rones de orejas”. Para cuando se publique esta columna, el Estado español se estará examinando ante el Comité de De- rechos Económicos, Sociales y Culturales de las Na- ciones Unidas, de su comportamiento en “lo social” durante los años de la reciente crisis económica. Va- rias entidades ayudarán a contrastar con la realidad el informe que el Estado español ha presentado. Ha- brá que esperar para ver hasta qué punto las obser- vaciones que el Comité haga a España son tenidas en cuenta por el Gobierno del país. Los antecedentes son francamente pesimistas.  Emilio José Gómez Ciriano Universidad de Castilla-La Mancha. Miembro de los grupos de trabajo de migración y asuntos exteriores de la COMECE. Los Derechos Humanos a examen