Por la regularización extraordinaria de migrantes en España
A mediados del 2020 nación el movimiento #RegularizaciónYa . Se perdió una proposición no de ley en la votación correspondiente del Congreso de los Diputados para iniciar el anhelado proceso de regularización fue perdida. Pero la recogida de firmas sigue . Necesitan medio millón
Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral defendió esta medida ya hace año y medio en el Foro de Migraciones y Movilidad Humana organizado por la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal y la Universidad Pontificia Comillas ya en 202º. Y puso las bases para la reflexión al respecto . Destacó que el COVID-19 ha provocado una reducción los flujos migratorios, pero, por contra, ha incrementado las mafias. También ha supuesto discriminaciones y exclusión para este colectivo.
Además, señaló que cuando termine esta crisis los flujos migratorios van a crecer masivamente, pues son muchas las personas que buscarán soluciones a la crisis económica, una situación que se va a extender, añade el misionero scalabriniano, durante mucho tiempo. También prevé que muchos países aumenten el proteccionismo, de modo que restrinjan las entradas para favorecer así a sus nacionales. Una circunstancia, esta última, que podría provocar nuevos y más numerosos canales irregulares y, por tanto, «dar más víctimas a las mafias», según declaró a Alfa y Omega.
En este sentido, Baggio recalcó la postura de la Santa Sede con respecto a algunas cuestiones. Así, reclamó una regularización masiva en estas circunstancias, porque «puede ser una solución beneficiosa para todos»; pidió que se siga poniendo el foco en crisis humanitarias que ya existían antes de la pandemia y que siguen existiendo; promoviendo alternativas a la detención de inmigrantes, que, en su opinión, las hay; y defendiendo la dignidad de los trabajadores migrantes.
«Esta crisis constituye una oportunidad para cambiar el sistema. El sistema mundial económico y social ha revelado muchos fallos, con discriminaciones y asimetrías en la distribución de recursos muy evidentes. Hay que afrontar esta situación para volver con otra idea de sociedad y sistema internacional», explicó.
Por otro lado el Partido por Un Mundo mas justo se ha unido a la campaña para la recogida de firmas por la regularización . Y señalan como en estos días se erigen más muros que nunca, los países cierran sus fronteras aéreas y terrestres, y nos vemos obligados a quedarnos en casa, prisioneros en la “frontera” de nuestro hogar. Estamos experimentando cómo este levantamiento de muros, de repente, nos priva de derechos que creíamos intocables, como la libertad de movimiento que latía inconsciente en actos tan cotidianos como salir a dar un paseo.
Sin embargo, hay otro tipo de fronteras que no se ven, pero que actúan igualmente como limitadoras de derechos, como abismos entre unas personas y otras. Es el caso de la frontera de la “ciudadanía”, que separa a las personas que son sujetos de derecho, de las que según la legislación vigente no deberían estar aquí, y para las que un acto tan cotidiano como salir a dar un paseo resulta una actividad de riesgo. Se trata de uno de los colectivos más desprotegidos de nuestro país, que tiene difícil acceso a derechos básicos como la sanidad. Y sin embargo, muchas de estas personas sustentan dos actividades esenciales para nuestra sociedad: el cuidado de personas dependientes y la agricultura.
Nos referimos a las personas en situación administrativa irregular que pueden llegar a estarlo por innumerables causas: haber sido menor tutelado por la Administración que nunca tramitó su residencia aunque tenía derecho a ella, llevar más de tres años en España pero no conseguir un contrato de un año y treinta horas semanales, haber sido rechazada su solicitud de asilo pero no poder regresar a su país porque su vida corre peligro… y muchos otros motivos.
Ante esta situación, durante mucho tiempo la regularización extraordinaria se ha venido reclamando, por un gran número de entidades sociales y algunos partidos políticos, como una de las maneras de acabar con la exclusión social que sufren las personas migrantes que no encuentran amparo en nuestra encorsetada y restrictiva ley de extranjería. Y también como una medida para incrementar los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social frente a la economía sumergida.
Si la regularización de personas en situación administrativa irregular era ya una opción muy recomendable en el contexto en el que vivíamos antes del COVID-19, en estos momentos se hace totalmente indispensable.
Por ello, en los últimos días numerosas organizaciones y ciudadanos han unido su voz reclamando una regularización extraordinaria de las personas migrantes en situación irregular a la que se ha unido el Partido Por un Mundo Más Justo). Esta propuesta que podría parecer algo nuevo, es sin embargo un proceso que se ha llevado a cabo en España en hasta seis ocasiones por partidos de distinto signo político Y no solo en nuestro país, en toda Europa ha habido más de 70 procesos de regularización. El ejemplo más cercano y reciente es el de nuestro vecino Portugal, que debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, el pasado 27 de marzo, decretó la regularización de todas las personas que tuvieran solicitudes de residencia pendientes, así como los solicitantes de asilo, con el fin de “garantizar los derechos de todos los ciudadanos extranjeros”.
Ahora mismo, en España, las personas en situación irregular son uno de los colectivos más desprotegidos frente a la pandemia. Por una parte porque salir para abastecerse, ir a la farmacia o al hospital supone no solo enfrentarse a una enfermedad invisible, sino jugarse su propia permanencia en el país si se inicia un expediente de expulsión. Por otra parte, porque algunos no cuentan con viviendas con las medidas de protección adecuadas, como en el caso de los invernaderos de Huelva. Otros muchos dejan de percibir ingresos, pero no tienen derecho al desempleo ni otras ayudas sociales públicas. Algunos de ellos ya eran víctimas de explotación laboral o sexual, y muchos más lo serán en situaciones desesperadas como la actual. La vulnerabilidad que supone su condición administrativa lleva a la exclusión social, y de ahí, en numerosas ocasiones, a la explotación. En consecuencia, la salud y la vida de estas personas está en juego, y con ellas la del resto de la sociedad.
Regularizar la situación administrativa de una persona significa reconocerla como ciudadana, sacarla de la clandestinidad, incluirla en el sistema. Podrá salir a la calle sin miedo a ser detenida, ir al supermercado a comprar, a la farmacia si necesita un medicamento y al hospital si no se encuentra bien. Además, si trabaja, podrá cotizar a la seguridad social, aportar su conocimiento, y contribuir a pagar los servicios públicos. Invisibilizar a estas personas, dejándolas fuera de las fronteras de nuestra ciudadanía, no solo les perjudica a ellas, sino a toda la sociedad.
El texto de la ILP,está apoyado también por la Fundación para la Ciudadanía Global, Por Causa, REDES, Alianza por la Solidaridad, Solidaridad Internacional, el Partido por un Mundo Más Justo y muchas más entidades
Redacción.
Fotos: Kristóf Hölvényi – proyectos SJM Madrid y Sevilla (2019)
