Alarma social: sin papeles y sin asistencia sanitaria
El Gobierno español ha sacado la tijera esta vez para pegar un corte –recorte– a los derechos de los inmigrantes “sin papeles”. A partir del próximo 1 de septiembre los que no estén regularizados no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria y por tanto a la atención sanitaria que puedan necesitar, con excepción de las urgencias, los menores de edad y las embarazadas. De esta manera, la España solidaria da un giro copernicano hacia las posiciones más duras de la Unión Europea.
La reforma de la ley por la que se estima que el Estado español se ahorrará 500 millones de euros ha encontrado contestación en muchas organizaciones sociales, entre ellas algunas católicas como Cáritas, HOAC y JOC, que la consideran “injusta e inmoral”. La excusa de la crisis no convence a nadie y en este caso el remedio puede ser peor que la enfermedad por las repercusiones sanitarias y sociales que lleva aparejadas: colapso de las urgencias, mayor gasto económico en las urgencias que en los ambulatorios, etc.
Hay países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica, Italia y Portugal que no han disminuido la cobertura sanitaria de los “sin papeles” a pesar de afrontar situaciones económicas difíciles.
La HOAC y la JOC en un comunicado conjunto afirman que “estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad con lo que conlleva de exclusión de este derecho a personas especialmente vulnerables y atenderlas es un deber moral”.
Y añaden que “personas a las que una legislación injusta ha dejado en situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral”.
La religiosa carmelita misionera, Brígida Moreta, que trabaja con inmigrantes, ha dirigido una carta pública al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, de la que se han hecho eco muchos medios de comunicación, en la que entre otras cosas dice que a la hora de justificar esta medida “no pueden alegarse motivos de ahorro –unos 500 millones de euros– cuando los clubes de fútbol adeudan a Hacienda 750 millones o cuando se han gastado más de 1.000 millones en el desierto aeropuerto de Ciudad Real”.
Ventana Europea, defensora de los derechos humanos de todos lo migrantes y refugiados, con papeles o sin papeles y sin distinción de raza, credo o país, está radicalmente en contra de esta reforma injusta e inmoral.
