Otra política migratoria europea más ética ¡es posible!

A pocos meses para que se cumplan quince años desde que se diseñó, en el otoño de 1999, la política migratoria de la Unión Europea, esta ha alcanzado unos niveles de desarrollo y complejidad difícilmente imaginables por quienes la concibieron. Sus líneas maestras la enmarcaban en un espacio de libertad, seguridad y justicia sustentado en los Derechos Humanos. Un ámbito en el que el ejercicio de la libre circulación y establecimiento se encontraría garantizado para los nacionales de los entonces 15 estados miembros de la Unión, mientras que para los nacionales de terceros países, su entrada, permanencia y movilidad se vincularía a un sistema de control de fronteras, gestión de flujos y cumplimiento de determinados criterios de integración.

En la actualidad puede afirmarse que existe un modelo europeo de “integración activa cívica” que se va asentando frente a los modelos nacionales de integración tradicionales (francés, británico, alemán, escandinavos…). Se ha creado el Sistema Europeo Común de Asilo, se ha intensificado de una manera muy importante la cooperación de los estados miembros en el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular y se han puesto en marcha mecanismos para gestionar los flujos migratorios y para la implementación de modelos de cooperación-partenariado con los países de origen y tránsito de los inmigrantes. La política migratoria se entiende ya como una prioridad desde Bruselas porque los inmigrantes son los llamados a satisfacer buena parte de las necesidades productivas, financieras y de cohesión social de una Unión crecientemente envejecida pero que no renuncia a convertirse en el espacio más competitivo del mundo, tal y como preconiza la Estrategia de Lisboa.
A juzgar por los hechos anteriores podría considerarse que la política migratoria de la UE se ha implementado con notable éxito. Sin embargo, son numerosas las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos respecto a irregularidades en la ejecución de la misma: abusos en centros de internamiento, extralimitaciones en procesos de repatriación o vulneraciones de las convenciones internacionales en el tratamiento de las solicitudes de asilo y refugio, personas que mueren mientras intentan llegar a las costas europeas o que son dejadas a su suerte en el desierto, etc.
Por otro lado, empiezan a ser cada vez más frecuentes limitaciones que afectan a los residentes legales e incluso a nacionales de estados miembros en su ejercicio del derecho a la libertad de circulación y en el acceso a prestaciones sociales y sanitarias. Todos estos elementos ponen en entredicho la benevolencia de estas políticas y su supuesta fundamentación en Derechos Humanos.
Uno de los indicadores que se suele utilizar para averiguar la orientación de las políticas es la cantidad de dinero que se dedica a ellas. En el caso de la política migratoria europea resulta significativo que del grueso de los fondos presupuestarios destinados a su desarrollo durante el periodo 2007-2013, tan solo un 25 por ciento se dedicó a partidas que tenían como finalidad la integración de inmigrantes y refugiados mientras que aproximadamente un 65 por ciento se dedicaba a conceptos relacionados con el control de fronteras, la gestión de flujos y la lucha contra la inmigración irregular (Multiannual Management Fund. Home affairs 2007-2012).
Este desequilibrio en cuanto a destino de la financiación es aún más llamativo cuando organizaciones como PICUM (la Plataforma para la cooperación internacional sobre inmigrantes indocumentados) y otras, han manifestado en reiteradas ocasiones que la mayor causa de irregularidad entre los inmigrantes no estriba en la entrada ilegal en territorio europeo sino en circunstancias sobrevenidas como pueden ser el no haber podido renovar la autorización de residencia por haber perdido el empleo o por cuestiones de carácter burocrático (lo cual tiene que ver más con las políticas de integración). Por otro lado, los informes realizados por el grupo de investigación “clandestino” financiado desde la Comisión Europea e integrado por académicos y profesionales de diversas entidades, ya manifestó en 2010 que las estimaciones sobre número de inmigrantes irregulares que se encontraban en territorio europeo estaban sobrevaloradas en más del doble (ver www.irregular-migration.net) y lo que es más grave, que este error de estimación figuraba en numerosos documentos de las instituciones europeas que trataban la cuestión de la inmigración irregular.
Partiendo de estos elementos preliminares que por sí solos abren la puerta a la sospecha respecto a cómo son de fiables los datos que manejan las instituciones europeas a la hora de diseñar sus política migratoria, realizaremos, en estas páginas, un recorrido no exhaustivo por los distintos pilares de la misma a fin de valorar sus efectos presentes y previsibles en clave de Derechos Humanos. Somos conscientes de que las coordenadas históricas del momento actual están caracterizadas por una devaluación a la baja del concepto de ciudadanía que en modo alguno debe desvincularse de la disminución progresiva en los niveles de protección e intensidad de los sistemas del bienestar social y que está abocando a millones de personas, muchas de ellas inmigrantes, a situaciones de precariedad otrora desconocidas.
CONTROL DE FRONTERAS
“Las políticas de control de fronteras y lucha contra la inmigración irregular están provocando que la Unión Europea, al tratar de evitar riesgos, se convierta a sí misma en un riesgo”.
He aquí una interesante paradoja presentada por el profesor Julien Desbroz: La obsesión de la Unión Europea por crear mecanismos de vigilancia y control cada vez más sofisticados para protegerse de la llegada de los inmigrantes acaba representando un peligro para la vida de estos. Esto es incontestable por más que se emplee el argumento-excusa que con la mayor tecnificación de los dispositivos de seguridad se salvarán más vidas y así se evitará que se repitan tragedias como las de Lampedusa en otoño de 2013.
El modelo utilizado desde la Unión Europea para este fin se denomina Gestión Integral de Fronteras (Integral Border Management o IBM) del que FRONTEX (la agencia de Fronteras), EU-IT-LISA (la agencia desde donde se coordina el intercambio de datos sensibles) y EUROSUR son piezas esenciales. La intención del modelo es promover un control “inteligente” de las mismas y para ello también tiene una función de vigilancia e investigación que posibilite conocer la situación real de los países de donde vienen los inmigrantes y detectar posibles situaciones de “riesgo” para que no se produzcan situaciones como las de los tunecinos que llegaron en abril de 2011 a Italia camino de Francia como consecuencia de la “primavera árabe”y que provocó el cierre temporal de fronteras entre ambos países.
De acuerdo con el sistema IBM, los controles se extienden por doquier, no ya en los puestos fronterizos establecidos legalmente, sino en alta mar, en los países de origen de los inmigrantes o en el interior del espacio Schengen. La complicidad de los países de origen de los migrantes resulta esencial para llevar a cabo esta política y por ello, tanto las llamadas políticas de vecindad (neighborhood policies) como los paquetes de movilidad que permiten el flujo ordenado de inmigrantes hacia la Unión Europea (mobility partnerships) tienen cláusulas que vinculan a los gobiernos de estos países en el control de los flujos migratorios y en la readmisión de expulsados.
No son pocas las voces que se han levantado contra este modelo de gestión fronteriza. Es fuertemente criticado que se utilice el argumento de salvar vidas para justificar el desarrollo del modelo cuando precisamente debido a su despliegue, las personas que intenten llegar a Europa buscarán vías alternativas de entrada que serán, por norma general, más gravosas en dinero, en tiempo y sobre todo, en vidas. Otro de los elementos que levantan sospecha tiene que ver con el modo en que se respetan los Derechos Humanos de las personas migrantes cuando los controles se realizan en los espacios de soberanía difusa. ¿Qué derechos tienen las personas que son interceptadas en alta mar? ¿ante quién pueden reclamar sus derechos? ¿hasta qué punto opera el principio de non refoulement si huyen por motivos de persecución? Finalmente es muy criticada la excesiva securitización y el modo en que estigmatiza a aquellos que provienen de fuera de las fronteras de la Unión Europea, a los que prácticamente se les atribuye el papel que los “barbaros” invasores tenían en el Imperio Romano.
LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE FLUJOS
Las políticas de gestión de flujos se encuentran íntimamente relacionadas con las de gestión de fronteras y se enmarcan asimismo en la Agenda de Lisboa (Estrategia 2020). Tratan de responder a las necesidades de los mercados de trabajo, que precisarán profesionales tanto cualificados como no cualificados para atender las exigencias de una economía plenamente globalizada y para garantizar la sostenibilidad de unos sistemas de pensiones que afrontan la realidad de una Europa cada vez más envejecida.
A diferencia de los inmigrantes que llegaron en épocas anteriores, los que acceden a la Unión Europea en los años 2000 no encuentran la realidad de estabilidad laboral y prestaciones garantizadas que se dispensaban a la sombra de modelos de bienestar vigentes hasta la segunda mitad de la década de los 80 del pasado siglo. Antes al contrario, se encuentran mercados de trabajo desregulados en los que se han implementado sistemas de “flexiseguridad” que mantienen a los trabajadores en reciclaje permanente. Modelos en que la dualización en los mercados de trabajo preconizada por los sociólogos marxistas se acentúa siendo cada vez menor el número de personas que puede disfutar de un trabajo decente (buen horario de trabajo y salario digno) frente a una creciente masa laboral precarizada de la que la inmensa mayoría de los inmigrantes forma ya parte.
Junto a las “mobility partnerships” a las que se ha hecho referencia en el apartado anterior y que se han firmado con con Marruecos, Azerjbaijan, Moldavia, Georgia y Armenia, existen otros instumentos de canalización de flujos como la migración circular o la tarjeta azul.
La migración circular permite el desplazamiento repetido de nacionales de terceros países desde su país de origen a un país de la Unión con el fin de llevar a cabo una actividad laboral o educativa de carácter temporal. Su régimen de trabajo y residencia se enmarca en el del país de destino y conlleva la obligatoriedad de regreso como condición inexcusable para volver a la UE en un futuro. Es la modalidad que se suele utilizar en la contratación de trabajadores agrícolas.
La tarjeta azul, por su parte, es el instrumento establecido para la contratación de profesionales altamente cualificados que sean nacionales de terceros países y para cuyo acceso al trabajo se requiera una titulación superior. Su duración es temporal y renovable, contempla la posibilidad de reagrupación familiar y permite el desplazamiento a otro país de la Unión una vez transcurridos 18 meses desde su expedición. No es incompatible con el acceso a una autorización de residencia permanente.
Las principales críticas a estas modalidades de reclutamiento de trabajadores radican, en el caso de la inmigración circular, en que promueven un marco de migración no estable de cuya contratación se puede prescindir en un momento dado y que no apareja cuestiones como la reagrupación familiar. En el caso de la “tarjeta azul” se critica que pueda promover la fuga de cerebros desde países en desarrollo hacia la Unión Europea y comprometer el acceso de los habitantes de los países de origen a derechos humanos como la salud o la educación. Tanto en uno como en otro caso funciona el discurso exculpatorio que afirma que no se pretende fomentar la fuga de cerebros y que tanto la migración circular como la altamente especializada de la tarjeta azul abren posibilidades de que el inmigrante adquiera destrezas y conocimientos que le permitan participar en el desarrollo de su país.
¿EXCLUYENDO EN NOMBRE DE LA INTEGRACIÓN?
El modelo europeo de integración activa cívica sugerido e impulsado decididamente desde la Comisión Europea busca integrar al inmigrante en un nuevo espacio en que la ciudadanía entendida en sentido amplio (y no solo como equivalente a la nacionalidad) está en retroceso. En el que los modelos de bienestar tradicionales inclusivos a los que el inmigrante podía acudir y desde el que –directa o indirectamente– se dispensaban prestaciones que podían ser útiles para su integración, están desaparaciendo en favor de un estado de bienestar minimalista dirigido a los individuos más vulnerables que serán sometidos eso sí a niveles muy intensos de control y vigilancia cuando los disfruten.
El modelo de integración activa cívica convierte en una carrera de obstáculos la integración del inmigrante que tiene que estar permanentemente dando razones de su voluntad de integrarse hasta que pueda tener la plenitud de derechos accediendo a la nacionalidad del país de residencia. Solo se considera al individuo y su esfuerzo personal que será medido a través de su sometimiento a puebas y test que midan su compromiso con la integración. Las comunidades migrantes no son consideradas en absoluto en el proceso. Una vez más, el discurso empleado para promover este modelo habla de integración cuando en la práctica deja a muchos inmigrantes en situación de exclusión administrativa y social tal y como ha sido repetidamente denunciado por organizaciones sociales y por académicos.
ES NECESARIA OTRA POLÍTICA MIGRATORIA
La actual política migratoria europea es hoy un fracaso en términos de Derechos Humanos. Su implementación tiene efectos tanto directos como secundarios que ponen diariamente en peligro la vida y la integridad de personas y familias enteras comprometiendo seriamente el desarrollo de países de donde provienen estos inmigrantes. Quince años después de Tampere no se ha logrado una adecuada gestión de flujos, ni un mejor control de fronteras ni unos mejores niveles de integración. Es pues necesario un replanteamiento de la misma que refleje la cara de una Europa verdaderamente comprometida con el bienestar y los derechos Humanos.
El replanteamiento de la política migratoria tendrá que pasar necesariamente por una definición de sus prioridades más acorde con la realidad y con una disposición de fondos acorde con la misma. Asimismo será precisa la investigación y el análisis de la realidad riguroso todo ello en el marco de una política que ponga el énfasis en una sociedad multicultural cohesionada e integradora que sitúe a la persona por delante de los mercados.
El cambio, sin embargo solo podrá obrar si se consiguen frenar todas aquellas iniciativas encaminadas al desmantelamiento y privatización de los modelos de bienestar existentes en los estados miembros. Un estado de bienestar amplio y garantista es esencial para una adecuada integración.

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