Cicatrices de la tierra, del cuerpo y del alma
La decisión del Ministerio de Interior español de recuperar las infames concertinas en lo alto de la doble verja que rodea Melilla ha reabierto el debate político acerca de hasta dónde se puede llegar en el menoscabo de la integridad física de las personas, en pos de la sacrosanta seguridad interna. No solo el artículo 15 de la Constitución Española (es el primero de los que gozan de la máxima protección jurídica en nuestro ordenamiento) garantiza a todos “el derecho a la vida y a la integridad física y moral”, sino que además, y desde que se formulara la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París tras la 2ª Guerra Mundial, se garantiza que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Lo cual, cerrando el círculo, supone una violación del mandato constitucional que dice que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos” (art. 10.2 C.E.).
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