Cuando se empieza la casa por el tejado…

La economía de Europa inspira terror al mundo. La de España inspira terror a Europa. Los gobiernos toman medidas drásticas pero la recuperación es lenta y cunde el pesimismo. Hasta el presidente francés Hollande, que llegó al poder prometiendo medidas reactivadoras, ha claudicado y está aplicando restricciones y recortes. El caso de España es paradigmático porque se debate en la frontera entre la prosperidad y la hecatombe y porque el FMI (Fondo Monetario Internacional) ha advertido que lo que pase en España y en Italia «puede arrastrar a toda la economía mundial».

Cajoy, en su comparecencia ante el Congreso el pasado día 11de julio no exageró ni un pelo la dramática situación de las finanzas públicas.
Como dijo pocos días después, el Gobierno se ve obligado a elegir entre lo malo y lo peor. Ha elegido lo malo. No obstante, es un deber cívico preguntarnos si no debieron tomarse antes otras medidas que causaran menos dolor a menor número de personas.
EL GOBIERNO NO ES EJECUTIVO SINO EJECUTOR
El presidente Rajoy empezó diciendo que las medidas que toma no son las que él querría tomar, pero que no tiene más remedio que aplicar en las actuales circunstancias. Y es que nos hallamos amenazados de quiebra o de intervención, con la credibilidad por los suelos y con inspectores comunitarios examinando nuestras cuentas porque, después de muchos años de engaños y ocultaciones (de fallidos, de deuda, de déficit), ya no se fían de nosotros.
El ejecutivo español, como el de todos los países que integran la UEM (Unión Económica y Monetaria), tiene un poder muy limitado. La soberanía monetaria ya fue cedida a Europa cuando entramos en la eurozona (1 de enero de 2002); la soberanía fiscal estaba ya limitada porque se ha cedido, en parte, por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (junio de 1997) que establece dos principios: a) el examen comunitario de las cuentas nacionales y b) un procedimiento sancionador contra quienes tengan un déficit presupuestario superior al 3 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) y contra quienes tengan una deuda continuada superior al 60 por ciento del PIB. Esta es la disciplina fiscal (no gastar más de lo que se ingresa) a la que están sometidos todos los estados miembros de la UE.
¿QUIÉN MANDA?
En estas circunstancias el Gobierno no tiene más remedio que hacer lo que Europa le exige: es más ejecutor de directrices ajenas que ejecutivo de sus propias decisiones. Rajoy puede elegir dónde recorta, pero no puede determinar, so pena de excomunión comunitaria, ni la cuantía ni la velocidad de los recortes. Su acción de gobierno debe ser juzgada por lo que él decide (cómo y a quiénes recorta), no por lo que otros deciden por él.
HACER LAS COSAS DE OTRA MANERA
Dando por ineludibles los recortes, pudieron hacerse con menos daño a menor número de gente. Por ejemplo, antes que tocar los salarios de los funcionarios se pudo y se debió reducir el número de los que cobran total o parcialmente, directa o indirectamente del Estado, cuyo número no tiene justificación, ética ni política: los parlamentarios nacionales (650 entre diputados y senadores), parlamentarios autonómicos (1.206), los miembros de diputaciones provinciales y cabildos insulares (1.170), los destinados en «embajadas» autonómicas en el exterior (940 personas), empresas y fundaciones públicas (más de 3.000 empresas y 500.000 empleados), liberados sindicales (65.130), asesores y consejeros áulicos de libre designación (un mínimo de 39.000 personas).
EMPEZAR LA CASAPOR LOS CIMIENTOS
¿Por qué el Gobierno no ha empezado la casa por los cimientos, recortado en alguna de esas escandalosas partidas? Si lo hubiera hecho, habría recibido el aplauso de los ciudadanos. Al no hacerlo, debe afrontar una masiva contestación social y, probablemente, está haciendo oposiciones, aunque el PSOE se empeñe en lo contrario, para volver a la oposición. Como considero que el Gobierno no es tonto ni quiere trabajar en contra de sus propios intereses, he buscado las causas de esta alteración del orden lógico de construir una casa y he llegado a estas conclusiones:
1. Económica: Los despidos en empresas públicas deben ser indemnizados y no hay dinero en caja para ello. Además, el ahorro en sueldos de diputados, empleados cesantes e instalaciones cerradas se obtendría a largo plazo, no se traduce en dinero inmediato, que es lo que se necesita perentoriamente.
2. Razón política: Si el Gobierno tiene a un Maquiavelo por mentor –y creo que lo tiene–, éste le ha aconsejado elegir la estrategia de tomar las medidas más impopulares ahora, cuando tiene una mayoría absoluta poco desgastada y las elecciones están a tres años de distancia, para acometer las otras medidas, que, sin duda, le darán aplausos y votos, cuando estén más cerca las urnas y las páginas del BOE se puedan transformar en papeletas del PP.

CUADRO PANORÁMICO DE MEDIDAS INMEDIATAS
Medidas aprobadas el 19 de julio	Medidas inmediatamente siguientes
Subidas de impuestos: El IVA general del 18 al 21%, el IVA reducido del 8 al 10% y se mantiene en el 4% el superreducido. Se establece el céntimo verde por litro de combustible. Se elimina la deducción por compra de vivienda. Muchos artículos (espectáculos, peluquería…) pasan del IVA reducido al normal. Reducción de plantillas y salarios públicos: Se reducirá en un 30% el número de concejales. Se reducirán de 6 a 3 los días de libre disposición (moscosos) de los empleados públicos, a los que se les suprime la paga extraordinaria de Navidad de este año. Reducción de subvenciones: Se reducen en un 20% las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos.	Próximas medidas: Ley contra el fraude fiscal, laboral y de los gestores públicos. Ley de transparencia de los actos administrativos y de gobierno. Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (reducción de ayuntamientos). Ley de Sostenibilidad (recortes) de las pensiones. Ley de Acción Exterior (regulación y limitación de las oficinas –embajadas– de las comunidades autónomas). Ley de unidad de mercado. Diversas liberalizaciones (privatizaciones): RENFE, AENA, puertos…

Regla de oro no cumplida

Una de las reglas de oro del buen político es la que establecieron los utilitaristas ingleses del siglo XIX: «Hacer el mayor bien y evitar el mayor mal al mayor número de personas». La concreción de medidas «europeas» realizada por el Gobierno no se ajusta a este principio. La subida del IVA, además de ser contraproducente para activar el consumo, penaliza a todos, ricos y pobres, austeros y pródigos. La reducción de salarios produce un daño de difícil digestión a más de tres millones de empleados públicos.