Drama humano e indignación social
Los desahucios han movilizado no solo a las personas directamente afectadas sino también a amplios sectores de la población por los dramas humanos que estamos viviendo. Julián Abad dice que aborda el delicado tema «con el gran sufrimiento que provocan en mi corazón estos dramas humanos pero tratando de que mi alma sensible no anule del todo mi alma racional».
Los desahucios se realizan mediante actos judiciales que quedan oficialmente registrados, por eso sorprende la disparidad de cifras que se manejan. Ante la enorme diferencia entre los datos que ofrece la Plataforma antidesahucios (más de 400.000 desde 2008) y los del Gobierno (menos de 15.000 en el mismo período) he acudido a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
LOS DESAHUCIADOS
Según las anotaciones oficiales del CGPJ, en el período 2008-2011, bajo el Gobierno socialista, se produjeron 323.495 ejecuciones hipotecarias. De ellas 166.716 terminaron en lanzamiento (desalojo). En 2012, bajo Gobierno del PP, el número de ejecuciones alcanza las 100.000 y el de lanzamientos se acerca a los 75.000. Pero estas cifras incluyen ejecuciones y lanzamientos de segundas viviendas, viviendas abandonadas por extranjeros que regresaron a sus países y otros casos anómalos, por lo que el mismo órgano de gobierno de los jueces reconoce que son cifras «enormemente infladas».
Quienes han cotejado los datos del CGPJ con los proporcionados por la entidades bancarias llegan a la conclusión de que las cifras reales para el período 2008-2012 se sitúan entre 10.000 y 15.000 desahucios ejecutados de primera vivienda y en el año 2012 las cifras estarían por debajo de los 2.000.
Es evidente la exageración de las cifras manejadas por la Plataforma antidesahucios y por los cientos de periodistas que no se toman la molestia de verificar los datos, pero ello no quita ni un ápice de razón a su demanda; bastaría con que hubiera un solo caso para que la movilización social tuviera razón de ser.
PRÁCTICAS ABUSIVAS
La ley hipotecaria vigente permite prácticas abusivas. El ciudadano Mohamed Aziz presentó ante el Tribunal Europeo (TE) una demanda contra Catalunya Caixa después de que esta entidad ejecutara, por falta de pago, el lanzamiento de la vivienda que Aziz tenía hipotecada.
El 8 de noviembre de 2012 el TE emitió un dictamen según el cual la ley hipotecaria española vulnera la directiva europea 93/13, puesto que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, sobre todo en la cuantía de los intereses de demora y en la suma de estos a la deuda principal.
A partir de este dictamen, los jueces españoles tienen en sus manos la posibilidad legal de paralizar los desahucios de viviendas cuyo contrato de hipoteca contenga similares cláusulas abusivas.
INICIATIVA POPULAR
Mientras se tramita una nueva ley hipotecaria, urgen medidas paliativas de los efectos ya producidos por los desahucios. Tales medidas que, en parte, recogen las demandas de la iniciativa popular, avalada con más de 500.000 firmas, se contienen en el Decreto del 15 de noviembre de 2012 en el que se establece una moratoria de dos años para las ejecuciones en el caso de personas o familias en riesgo de exclusión y la creación de un parque de viviendas en alquiler para desahuciados.
Estas garantías son un paso positivo pero insuficiente porque no incluyen otras demandas esenciales de la Plataforma: ni la dación en pago ni la revisión a la baja de los intereses de demora.
JUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA CONMUTATIVA
La justicia social es la que exige la satisfacción de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (alimento, vivienda, condiciones dignas de trabajo, educación…). La justicia conmutativa regula los trueques, prestaciones de servicios y transacciones entre particulares. Exige proporcionalidad, equidad entre las partes y legalidad, respetando el derecho íntegro tanto de los acreedores como de los deudores.
La sed de justicia social nos obliga a exigir un cambio legal congruente. La justicia conmutativa nos obliga a reconocer que los derechos sociales de los desahuciados entran en colisión con los derechos individuales de los bancos a la devolución íntegra de las cantidades prestadas. Este conflicto es prácticamente irresoluble dentro de un Estado democrático cuyo principio fundamental es que «sólo se alcanzan los derechos sociales mediante la consecución y respeto de todos los derechos individuales».
IMPEDIR LOS DESAHUCIOS
En consecuencia, son loables todos los esfuerzos para impedir los desahucios (lucha contra la injusticia social) pero estos esfuerzos no pueden llevar al quebrantamiento de la justicia conmutativa. Así son las cosas aunque nos gustaría que fueran de otra manera. No podemos hacernos trampas en el solitario que jugamos entre nuestros sentimientos y nuestra razón: con todas las garantías y posibles epiqueyas (benigna interpretación de la ley), las deudas deben pagarse íntegramente.
LA DACIÓN EN PAGO
En la lucha contra los desahucios, parece que el punto clave de la discrepancia entre el Gobierno y la Plataforma antidesahucios está en la dación de la vivienda en pago de la deuda restante, dación que exige la Plataforma y se resiste a incluir el Gobierno. Es establecer un dilema cornudo en el que ni una cosa ni la otra son buenas ni para el hipotecante ni para el hipotecado. La futura ley podrá o no incluir el mecanismo de la entrega de la vivienda para liquidar la deuda hipotecaria, pero no podrá hacerlo de forma incondicionada porque se correría el peligro de, en vez de solucionar un problema, agravarlo: imaginemos que esa cláusula hubiera estado vigente en los muchos lustros en los que el valor de la vivienda se revalorizaba fuertemente, ciclo que con toda seguridad volverá a repetirse en el futuro. En ese caso, el hipotecado en dificultades, al saldar su deuda mediante la dación, perdería toda la revalorización de su patrimonio en beneficio del banco acreedor. La eliminación del sufrimiento causado por los desahucios es un absoluto moral, la solución técnica es variable y adaptativa.
Condiciones para tener derecho a la moratoria hipotecaria y a los pisos de alquiler moderado
(Decreto 15-11-2012)Cuando los ingresos mensuales del predesahuciado no superen los 1.597 euros mensuales.
Cuando la carga hipotecaria se haya incrementado al menos en 1,5% durante los últimos cuatro años.
Cuando la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos de la familia.
Cuando se dé una de estas circunstancias:
– Familias numerosas.
– Familias monoparentales con dos hijos a su cargo.
– Familias con algún niño de menos de tres años o con personas en situación de discapacidad superior al 33.
– Parados sin prestación de desempleo.
– Víctimas de la violencia de género.
ana alfonso / 14 abril 2013Hola, no se si te paeercre1 interesante o deprimente Un abrazo amiga!Salud!Fuente: El agujero anarquistaPP y PSOE, dos grupos organizados para el delitoTanto PP como PSOE son dos organizaciones orientadas al delito y al enriquecimiento de sus dirigentes; dos mafias en las que se practica la solidaridad interna y la omerte1; dos mafias perfeccionadas que se benefician del control de una Justicia mediatizada y corrompida, lo que les dota de impunidad, y tambie9n de los medios de comunicacif3n, con lo que han erradicado el periodismo de investigacif3n –puede llegar a ser una forma de suicidio personal- y han minimizado la denuncia.Esta descripcif3n no pretende ser insultante, sino reflejar estrictamente la realidad. No tengo la menor duda de que en un Estado de Derecho tanto el PP como el PSOE seredan ilegalizados, como bandas organizadas para el delito. En te9rminos de ane1lisis, Al Capone teneda comprado al alcalde de Chicago, a miembros de la Justicia y a oficiales de la Policeda. Ahora Al Capone es el alcalde, Frank Niti es oficial de Policeda y los jueces son directamente elegidos por las mafias, de modo que ni tan siquiera han de pagarles la mordida pues el enjuague corre a cargo del extorsionado contribuyente.El PSOE desarrollf3 muy pronto, con el felipismo (Felipe Gonze1lez), ese esquema de mafia que se ensef1oref3 de todas las instituciones de control como la Guardia Civil, el BOE o el Banco de Espaf1a. La financiacif3n ilegal del PSOE se establecif3 de manera mafiosa a trave9s de extorsiones a las empresas. Toda aquella situacif3n tuvo la consecuencia del amordazamiento definitivo de la Justicia. Ese esquema mafioso socialista se ha perpetuado de manera muy notoria en Andaluceda, como ejemplifican casos como Mercasevilla o los ERE, que hablan de una red mafiosa muy extendida en diversos estratos y que afecta a toda la Administracif3n.El caso del PP no es menos ni me1s escandoloso porque, tanto en su refundacif3n como hasta el acceso al poder con Jose9 Mareda Aznar en 1996, ese partido se presentf3 como oferta para limpiar la vida pfablica espaf1ola. Lejos de ello, el Partido Popular ha alcanzado niveles equivalentes y en no pocos casos superiores al Partido Socialista. Soy testigo de cf3mo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana se corrompif3 en bloque al deda siguiente de acceder al poder y lo hizo acudiendo a los mismos empresarios a los que habeda denunciado como corruptores en la f3rbita socialista. Ased, en Alicante siguif3 mandando Enrique Ortiz o en Orihuela c1ngel Fenoll, y en la medida en que el Partido Popular extendif3 y consolidf3 su poder la corrupcif3n se hizo capilar y se practicf3 a gran escala.En Alicante el desarrollo de mafia del PP llegf3 hasta el asesinato. Concejales del PP de Polop de la Marina encargaron a sicarios el asesinato del alcalde de dicha localidad, perteneciente al PP, por disputas urbanedsticas.De hecho, el PSOE y el PP, en cuanto mafias competidoras, han colaborado en el delito, la mordida y la depredacif3n, en aquellos lugares donde han compartido el poder, como grupos de ge1nsteres que pertenecen a un mismo orden moral. Respondiendo al dicho de que entre bomberos no se pisan la manguera, PP y PSOE se han corrompido en comandita donde y cuando han podido. Como mafias que entran en litigio, PP y PSOE han hecho repartos ventajosos para ambos en cuanto a su esencia y constitucif3n delictiva. Lo han practicado ased en cada una de las cajas de ahorros que han ido hundiendo.Ased, en Caja Castilla-La Mancha la mafia dominante es la socialista, pero la Comisif3n de buen gobierno estaba presidida por el destacado miembro del Partido Popular, Arturo Garceda Tizf3n, e Ignacio del Hierro, esposo de Mareda Dolores de Cospedal, se lucraba de la Corporacif3n Industrial como miembro del Consejo de Administracif3n, con puesto muy bien remunerado.Tanto el Partido Popular como el PSOE son dos grupos organizados para el delito y para el enriquecimiento de sus dirigentes y familiares. Cuando estas dos mafias, que sin duda seredan ilegalizadas en un Estado de Derecho, comparten poder en una institucif3n donde hay dinero a repartir llegan a acuerdos – como sucede entre los grupos de ge1nsteres – para beneficiarse mutuamente.Por ejemplo, en la corrupcif3n de la Diputacif3n de Alicante, perpetrada por su presidente, el destacado miembro del Partido Popular Jose9 Joaquedn Ripoll, participaba tambie9n el portavoz del PSOE, Antonio Amorf3s. En la compulsiva corrupcif3n del Ayuntamiento de Alicante, liderada por la alcaldesa, la ultracorrupta Sonia Castedo, participan todos los concejales de todos los grupos, de forma que las corrupciones urbanedsticas de Enrique Ortiz han sido siempre aprobadas por unanimidad de todos los grupos, tambie9n de Izquierda Unida.Donde estos pactos entre ge1nsteres poledticos han sido me1s manifiestos es en las Cajas de Ahorros, instituciones financieras beneme9ritas donde los partidos y las otras organizaciones dedicadas al delito, UGT y CCOO, coincidedan en sus f3rganos de Gobierno.Pareceda imposible hundir las cajas. Nacidas hace me1s de un siglo de la caridad cristiana y de la filantropeda para democratizar el cre9dito, habedan atravesado etapas histf3ricas muy difedciles, como una guerra civil y una posguerra, y habedan sobrevivido con decoro. Concitaban un alto grado de fiabilidad para las clases medias espaf1olas. No han superado la sisteme1tica degeneracif3n de dos mafias actuando de manera conjunta hasta generar, en su avaricia delictiva, deudas estratosfe9ricas.En el caso de Caja de Ahorros del Mediterre1neo la depredacif3n la inicif3 el partido socialista con Juan Antonio Gisbert. Denuncie9 la corrupcif3n escandalosa de su equipo, habitante de la exquisita Calita Judedos, y me encontre9 con la oposicif3n del PP y la persecucif3n de la Justicia. Los miembros del PP robaban tambie9n y recibedan cre9ditos sin intere9s, aunque en menor cuanteda que los socialistas, pues eran minoreda. Las tornas cambiaron cuando el PP ganf3 las elecciones y sus miembros pasaron a dominar los f3rganos de gobierno de la CAM. Se permitif3 jubilarse a Juan Antonio Gisbert con la cifra, con poco me1s de 40 af1os, de mil millones de pesetas, lo que era me1s que la suma de todas las pensiones de los jubilados de la CAM.De inmediato, los populares pasaron a corromperse mucho me1s afan que los socialistas y a hacerlo todos, como corresponde a un grupo organizado para el delito. Los me1s corruptos eran los de la comisif3n de control, pues accededan a esos puestos para que no se les controlara en la concesif3n de cre9ditos a fondo perdido. El mayor nivel de corrupcif3n lo alcanzaron Modesto Crespo y la inefable Amorf3s (llegf3 a reclamar diez millones de euros por despido improcedente). El popular –y catf3lico oficial die1cono- Modesto Crespo se autoconcedif3 pre9stamos sin intere9s para 9 millones de euros. Cifra superada en Caja Burgos por Jose9 Mareda Arribas, padrastro de la pseudoperiodista Pilar Garceda de la Granja, o Pilar Cubero, que ha robado 18 millones de euros.Tan escandolosas pre1cticas de la mafia PP nunca fueron denunciadas por la mafia PSOE, ni tampoco por las mafias sindicales UGT y CCOO. Todas estas mafias tenedan repartidas las calles para la mordida y la extorsif3n; todas robaban y todas se beneficiaban, por lo que actuaban de comfan acuerdo.Aunque todos los gestores importantes de Bankia –los 33 actualmente imputados- son mayoritariamente del Partido Popular, y de manera resaltable los dos mayores chorizos de la trama, Rodrigo Rato y Jose9 Luis Olivas, la situacif3n de Bankia, que ha comportado la ruina de Espaf1a y una grave crisis europea, nunca fue denunciada por el Partido Socialista, que teneda representantes en los consejos de Administracif3n, ni por UGT y CCOO, que tambie9n los tenedan. Ello se debe a que cuando estas organizaciones del delito confluyen en una institucif3n no chocan entre sed, ni entran en competencia, sino que se reparten el negocio para ser me1s eficaces. De esa forma, los sindicatos, por ejemplo, eran uno de los principales apoyos del anterior presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, po
r la sencilla razf3n de que los representantes sindicales recibedan abultadas retribuciones.Al frente del PP y del PSOE, como grupos organizados para el delito, como mafias, este1n los presidentes de los respectivos mal llamados partidos. Mariano Rajoy es el jefe de la mafia del PP y Jose9 Luis Rodredguez Zapatero lo era del mafia PSOE. En calidad de tales se reunieron en la legislatura pasada para hablar del destrozo provocado en las Cajas y para que ello quedara al margen de la disputa poledtica, de forma que fuera el contribuyente el que pagara los innumerables platos rotos. Contra este pacto oscuro, que nunca se comunicf3 con claridad a la opinif3n pfablica, convoque9 con la Plataforma de las Clases Medias una concentracif3n en la Plaza de Colf3n de Madrid bajo el lema, hoy me1s actual que nunca, de “Con mi dinero, no”, el 23 de noviembre de 2008.Ese pacto ha funcionado con la solidez de la que sf3lo son capaces las mafias me1s degeneradas.Enrique de Diego