Defender el Estado de Bienestar. Defender los Derechos Humanos
La crisis económica que asola Europa nos ha devuelto a la realidad, nos ha ayudado a poner los pies en la tierra. No era cierto el espejismo que nos hacía soñar que podíamos vivir como ciudadanos merecedores de unos derechos sociales inherentes a nuestra dignidad humana. Todo ello pasó. Fue un paréntesis de la historia. Ahora el escenario ha cambiado y lo verdaderamente relevante es ser individuos activos y participativos, adaptables y en permanente reciclaje para servir mejor a las demandas de un mercado que, quiérase o no, se va a encargar de cubrir buena parte de nuestras necesidades. No ha podido ser más explicito Guillermo Alejandro de Oranje, nuevo Rey de los Países Bajos, cuando en el discurso de apertura del curso parlamentario en La Haya el pasado mes de septiembre, anunciaba la sustitución del “clásico estado del bienestar de la segunda mitad del siglo XX por una sociedad participativa”. Lo más llamativo, empero, es que el discurso lo escribió el gobierno socialdemócrata holandés actualmente en el poder.
En el nuevo marco “más adaptado a la realidad del siglo XXI”, la protección social tal y como se venía concibiendo hasta ahora no resulta operativa: demasiado cara, demasiado burocrática, demasiado ineficiente. El Estado del bienestar tiene que adelgazar en tamaño y convertirse en una plataforma de dinamización social al servicio de la producción: se impone activar al desempleado, incrementar el control sobre los beneficiarios de prestaciones sociales, sanitarias y laborales, eliminar rigideces en el mercado de trabajo, reducir las pensiones y garantizar que los fondos educativos lleguen a quien realmente “se lo merece”. Al mismo tiempo se trata de promover toda iniciativa encaminada a que los ciudadanos se responsabilicen de la ayuda a sus vecinos por medio de actividades de carácter voluntario y comunitario que reactiven a una indolente sociedad civil y saquen el máximo partido de las capacidades individuales, ahorrando, de paso, importantes sumas de dinero al erario público. Esto y no otra cosa es lo que se entiende por “sociedad participativa” que en el Reino Unido se denominó “Big society” y que, por cierto, ha supuesto el principal fracaso de la coalición conservadora–liberal que lo gobierna.
Ciertamente, para aquellas situaciones o personas en situación de extrema urgencia se contemplan ayudas públicas sujetas a un adecuado escrutinio. Una protección mínima y focalizada que ya existe en los Estados Unidos y que funciona como última red de beneficencia y control social de la que están excluídos los inmigrantes sin papeles.
Ante la realidad, más que constatable, del desmantelamiento de las políticas de bienestar social es necesario preguntarse hasta qué punto los gobiernos tienen legitimidad para vulnerar derechos humanos de los que son titulares las personas y que les corresponden de modo inalienable. La pregunta no es retórica, porque el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se ha pronunciado de modo indubitado y repetido sobre este particular declarando que el deber de los Estados es respetar, promover y proteger estos derechos y de ninguna manera recortarlos. Pero es que además, desde el pasado 5 de mayo de 2013 se encuentra operativo un mecanismo de denuncia internacional ante vulneraciones de derechos sociales por parte de los Estados. Se trata del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor para España, Portugal, Eslovaquia y Bosnia Herzegovina. Sería todo un triunfo que la sociedad civil organizada europea a través de sus lobbies, y los ciudadanos mediante el ejercicio de su derecho al voto se movilizaran y presionaran a sus gobiernos para que ratificaran el Protocolo Facultativo. Puede ser la última esperanza de mantener los derechos sociales. Para que nuestros hijos e hijas crezcan libres y sin miedo.
